Franco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

Se reclaman libertades de expresión, reunión y asociación, apelando a los principios cristianos de libertad y participación, reiterados en la encíclica «Pacem in terris»; pero no sólo para dar efectividad al Fuero de los Españoles dentro de un sistema de representación orgánica, sino apuntando a otro sistema de representación: aunque no se podía negar que la fuerza de que disponían grupos como las Comisiones Obreras la habían alcanzado mediante el sistema representativo del Régimen. Este partidismo anti-Régimen era legitimo como una opción de los ciudadanos; lo perturbador fue que muchos la identificaron con el Evangelio o la Doctrina de la Iglesia, infringiendo con este monopolio una de las reglas más claras de Juan XXIII y del Concilio. Bien es verdad que alguno de los profesores, a los• que seguían, no dejó de reconocer en su obra académica, aunque sólo fuese en nota a pie de página, la legitimidad en principio, p. ej. del Sindicalismo unitario.

Los que propugnaban la oposición al Régimen, como un «compromiso temporal» exigido por la fe, descalificaron a la mayoría de los fieles y del Episcopado como retrasados, y se erigieron en portavoces del Concilio Vaticano 11. Una asamblea de «Comunidades Cristianas» apelará en 1974 a los «elementos más comprometidos» del mismo Episcopado para que actuasen como únicos representantes de la Iglesia en España y, al margen de la Santa Sede, promoviesen la libertad civil total en materia de divorcio, aborto y otras «cuestiones admitidas por la moral moderna y por los no creyentes». El sector de Iglesia que postulaba la ruptura con el Régimen se sentía en ruptura con la Iglesia relacionada con éste, y aun con la «Iglesia Oficial» en la medida que ésta no se mostraba «profética y audaz». Se sembraron reticencias sobre la Cruzada, se procuró eclipsar a los mártires. Si los Obispos, velando por la pureza de la doctrina y por la libertad de conciencia de los católicos, advierten que se debe distinguir entre lo opinable y lo exigible, los rupturistas se revuelven diciendo que eso es favorecer el continuismo. Y la oposición política, agnóstica y atea, busca concierto con estos grupúsculos. Algunos entre estos, cobijándose en las exenciones que el Concordato reconocía a la Iglesia, se entregan a tácticas subversivas. Se abusa de la concesión de «asilo» en lugares sagrados para actuaciones ilegales. En algunas regiones hay acciones demostrativas de sacerdotes, mezcladas con movimientos nacionalistas, y en ciertos casos con la violencia terrorista.

A los Obispos, empeñados en aprovechar al máximo el privilegio del Fuero en favor de sus sacerdotes, les fue difícil deslindar entre el derecho a la predicación y la infracción de la ley, cuando además en no pocos casos se daba al mismo tiempo rebeldía contra la disciplina eclesiástica. El choque de esas acciones con la reacción del poder público dio lugar a incidentes (sanciones a algunos sacerdotes, prohibición de algunas asambleas…) los cuales son aprovechados para campañas de protesta. La expulsión sólo «amagada» del Obispo Añoveros lanzó a algunos clérigos a airear el tema de la excomunión, esperándola de quienes no tenían autoridad propia ni para infligirla ni para declararla. (No se había declarado en 1931 cuando un ministro católico procedió a la expulsión efectiva del Cardenal Segura). Se llegó a insinuar que en los incidentes había transgresión de la Confesionalidad, olvidando que «el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Iglesia Católica» no equivale a dar por buenas todas las actuaciones contingentes, y olvidando que se seguía disfrutando de ese acatamiento en lo sustancial (legislación familiar, enseñanza, etc.).

El encauzamiento de esta agitación por aplicación del Concordato entró en crisis. Porque era un Concordato de amistad, y no preveía las nuevas posturas: así, mientras los clérigos activistas aprovechaban el privilegio del Fuero, ya no les interesaban las medidas favorables que aquél contenía respecto a la publicidad y a la prisión separada; les interesaba la máxima publicidad para sus «delitos políticos».