José-Guerra-Campos-1José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata del “Boletín Oficial del Obispado de Cuenca”
septiembre de 1974

2º Ya desde el fin de la guerra mundial la voz de los Prelados aconseja discretamente proseguir en la estructuración del Estado español. Así, el Cardenal Primado en 1945: «Afortunadamente el Fuero de los Españoles, aprobado recientemente por las Cortes y promulgado por el Jefe del Estado, marca una orientación de cristiana libertad, opuesta a un totalitarismo estatista». Y recomendaba «Una estructuración total y definitiva del Estado español (…) que pueda servir de modelo por tantas leyes de inspiración cristiana ya dictadas en materia de enseñanza, por tantas leyes avanzadas die justicia social, ya puestas en práctica y que pueden todavía verse perfeccionadas, y de armoniosa conjugación de autoridad firme, con continuidad histórica y de participación de los ciudadanos en el Gobierno de la nación». Y el Obispo de Astorga (1949) anotaba la libertad de opiniones en cuanto a la determinación precisa de cuál será el mejor sufragio concreto»; añadiendo: «Ciertamente es falso que sin el sufragio universal directo e igualitario e inorgánico no pueda haber régimen político justo y aun justa democracia».

3º Pero las orientaciones de la Iglesia tenían que respetar la competencia autónoma del orden político, y así lo hacían notar los Obispos a quienes pretendían de ellos que tomasen posiciones indebidas. El criterio para la distinción de campos aparece claro, entre otros, en un texto del Dr. Olaechea, Arzobispo de Valencia, en 1962, al referirse a los no escasos documentos y comunicaciones por los que la Iglesia -acusada por algunos de estar callada- hacía llegar su voz al Estado. No es de su incumbencia meterse en técnicas políticas, sociales y económicas, que Dios ha dejado a la libre discusión de los hombres; pero, además, «la Iglesia cree que la prudencia y la oportunidad políticas en las aplicaciones concretas de su doctrina social -sin negar jamás ni nublar siquiera la luz de esa doctrina- no son cosas suyas: son cosas de los ciudadanos, son cosas del gerente del bien común, que es el Estado».

Un ejemplo de este deslinde de competencias aparece en lo que enseñan dos Prelados respecto a la Organización Sindical. El Cardenal Pla y Deniel, Arzobispo Primado, en 1954: «¿Hay en un Estado leyes civiles que establecen la unidad sindical? Allá el Estado; lo ha creído conveniente así; podrá haber distintas opiniones sobre su organización de derecho y de hecho; pero ni la jerarquía se mete en ello, ni la Acción Católica tampoco (…). Todas las entidades de Acción Católica, aunque sean especializadas…, deben respetar las leyes civiles, mientras no se tratase, claro está, de una legislación que fuese contra el derecho natural: entonces la Jerarquía hablaría, y la Acción Católica la secundaría».

El Obispo Enrique Tarancón, en 1955: «La licitud moral del régimen de unidad sindical no creo que pueda ponerse en duda en el terreno de los principios, siempre, claro está, que el sindicato único acepte la doctrina cristiana y se rija por las normas de su moral (…). El obrero tiene el deber de incorporarse activa y lealmente al sindicato; tiene el deber de aceptar las leyes del Estado que establecen la unidad sindical. Es el Estado el que lleva las riendas de la sociedad civil y el que debe juzgar las circunstancias para apreciar qué régimen de organización sindical es más apto en unos momentos determinados para conseguir el bien común».