DEMOCRACIA FORMAL Y DEMOCRACIA PRÁCTICA

carmen-poloFrente a la democracia formal, nosotros oponemos la democracia práctica, una democracia a través de los cauces naturales en que el hombre discurre y que por eso recibe el nombre de democracia orgánica. La Constitución política española, integrada por nuestras Leyes Fundamentales, se ha apartado en todo momento de la creación abstracta de normas y se caracteriza por la ausencia de unos marcos rígidos como los que con tan poco éxito ilusionaron a los constitucionalistas del siglo xix, sino que ha nacido de la propia realidad española, como respuesta concreta a nuestras peculiaridades y a nuestros problemas, que nos ha permitido un proceso de constante perfeccionamiento de nuestras estructuras políticas, que ofrece un ejemplo de Estado social de derecho que las actuales naciones del mundo, tan sujetas a profundas convulsiones, harían bien en considerar con mayor atención y menos doctrinarismo.

El Movimiento Nacional ha demostrado, al correr de estos años, la capacidad creadora necesaria para encontrar las soluciones más adecuadas a la demanda de cada situación. En los primeros momentos, cuando estábamos empeñados, todavía en nuestra Cruzada de Liberación, nació el Fuero del Trabajo como expresión del espíritu de justicia social que, desde el principio, animó a nuestro Estado. Después, la Ley constitutiva de las Cortes, «Órgano superior de participación del pueblo español en las tareas del Estado»; el Fuero de los Españoles, donde se contienen los deberes y derechos de la persona humana; la Ley de Referéndum, que establece la consulta directa a la Nación en los casos de mayor trascendencia para la vida de la Patria; la de Sucesión, que declaró al Estado constituido en Reino y estableció lo concerniente a las previsiones sucesorias; la Ley que proclamó los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, y como culminación de ese proceso la Ley Orgánica del Estado, que perfeccionó y encuadró en un armónico Sistema las instituciones del Régimen. Tenemos, por tanto, un orden institucional completo, genuinamente nacional y respaldado por refrendo popular, que presenta un certero equilibrio de las instituciones y órganos en que se realiza el Estado.

Las Cortes Españolas tienen la grave responsabilidad de concretar en cada momento, mediante la deliberación y la aprobación de las Leyes, los cauces de la acción de todo el Estado, que por serlo de derecho realiza toda su actividad bajo el imperativo de la Ley.