Monseñor José Guerra Campos
Separata del “Boletín oficial del Obispado de Cuenca”
Núm. 5, mayo 1986

Guerra Campos2Convenio sobre nombramiento de Obispos.—Sobre esto, Franco mostró al principio su aversión: «no quiero ser como los políticos del antiguo régimen que hacían obispos» (13). Después el Gobierno y los juristas de la España Nacional pensaron que debía mantenerse el derecho de presentación vigente en el Concordato de 1851. La Santa Sede prefería dar por muerto ese Concordato. Las negociaciones de 1940 fueron difíciles, complicadas además con los recelos que suscitaban la guerra mundial en curso y las incógnitas de un posible orden europeo guiado por Alemania. Finalmente, Franco prefirió dejar en suspenso el Concordato antes que permitir una ruptura diplomática y accedió a una regulación o modus vivendi, por el Convenio de 1941, que aseguraba a la Iglesia la continuación de los capítulos fundamentales del viejo Concordato, incluida la confesionalidad católica (14). En cuanto al nombramiento de Obispos, se implantó el sistema sugerido por la Santa Sede. No era un derecho de presentación directa, como el que había tenido antes España, y tiene aún ahora Francia en algunas Diócesis por virtud del Concordato napoleónico, sino un simple procedimiento de selección de candidatos, que hacía el Nuncio, el cual componía listas de seis previa consulta al Gobierno. El Papa, que podía siempre poner otros, seleccionaba una terna, de la cual el Jefe del Estado presentaba uno. La iniciativa, el juicio de aptitud y la decisión estaban en manos de la Santa Sede (15). De hecho, Franco, según su testimonio, nunca tomó personalmente la iniciativa de recomendar a personas determinadas; sólo en un caso de traslado dio un consejo, no atendido (16). Si en algún político hubiera habido veleidades regalistas, en Franco, no (17).

El Concordato de 1953 recoge y solemniza en un acuerdo general las relaciones ya existentes. Garantiza toda la independencia y las inmunidades deseadas por la Iglesia y previstas en el Derecho Canónico. Hombres como Ruiz Giménez lo gestaron y lo alabaron. La opinión católica lo calificó entonces de «Concordato modelo entre la Santa Sede y un Estado Católico en el siglo XX (18). Se ha comentado que casi todo eran concesiones o reconocimientos en favor de la Iglesia y que el Estado recibía solamente un poco, y se ha intentado explicar esa desproporción diciendo que el Concordato significaba mucho políticamente para el Régimen, que estaba dispuesto a pagarlo caro. Sin desconocer las ocasionales ventajas políticas y diplomáticas, se impone una evidencia histórica: para el Régimen de Franco no se trataba de una simple relación contractual entre extraños, de do ut des; las concesiones expresaban la confesionalidad interna de un Estado que estimaba como deber propio el facilitar la vida y la formación religiosa de los ciudadanos. Lo que daba a la Iglesia no lo daba a «otro», lo daba a su pueblo.

Notas

  1. Informe del Cardenal Gomá a la Santa Sede, 12 de mayo de 1937 (R. Aisa, Gomá, pág. 450).
  2. Sobre las negociaciones de 19401941, A. Marquina, La diplomacia vaticana (citada en nota 8 del capítulo IV); texto del Convenio de 7 de junio de 1941; ibídem, pág. 544.
  3. Cf. Suárez, Franco, III, págs. 268272. Además, la Santa Sede podía incorporar al Episcopado español obispos nombrados directamente, sin intervención del Gobierno. Entre los obispos existente en 1975, los nombrados de este modo eran 41 (de ellos, el autor de estas líneas). Casi la mitad del total. Véase Apéndice en págs. 93 y sigs.
  4. Confidencia de Franco a una comisión de la Conferencia Episcopal.
  5. Alusión a criterios regalistas en Alberto de la Hera, Las relaciones entre la Iglesia y el Estado español bajo el General Franco, revista «La Ley», Madrid, 4 de septiembre de 1981, página 13.
  6. Cf. Suárez, Franco, IV, 405, 427; V, 79 y sigs., 94 y sigs. Y abundante bibliografía.