Gonzalo Fernández de la Mora
Revista Razón Española, nº 200, Noviembre-Diciembre 2016, pp. 258-303

1. La crítica intrínseca desde la perspectiva ideológica

Los partidarios de que las sociedades se gobiernen por oligarquías, en las que el voto mayoritario de los gobernados legitimados para ello funcione como árbitro cada cierto número de años, no han cesado de elaborar postulados ya éticos ya sociológicos para justificar su posición. Tales esfuerzo han producido la ideología democrática, que tiene todas las características de lo que Pareto denominaba una «derivación» es decir, argumentos arbitrados para justificar sentimientos. Pero ahora no se trata de probar lo que -haya de cierto en dichos postulados -tarea de crítica extrínseca-, sino simplemente de analizar si el modelo se comporta con fidelidad a los principios en que pretende fundarse.

1. Se presenta como primera tesis que el individuo se encuentra solo e igual a sus congéneres, y que para no tener que disputarse violentamente los recursos limitados, establece con otro un contrato social que atribuye a cada parte un único voto para adoptar conjuntamente decisiones políticas.

 

Pero los hechos desmienten tal descripción. Todo individuo nace en una familia y, generalmente, en un clan y en un poblado. Nadie viene al mundo y madura solo, y de su entorno humano recibe una lengua, unos usos y, en definitiva, una cultura, por rudimentaria que sea; la sociedad es algo dado a la especie humana, como a otras muchas.

Además, ni siquiera los gemelos univitelinos son exactamente iguales. Entre el subnormal y el genio, entre el minusválido y el atleta, entre el deforme y el apolíneo hay una infinidad de variantes intermedias. Cada individuo tiene diferentes capacidades intelectuales y físicas. Y son prácticamente la diferenciación genética y, consiguientemente, la distinción vocacional, el pluralismo profesional y la jerarquización funcional los que mueven a la colaboración social para la mutua complementariedad. Tampoco es cierto que los recursos sean limitados en todos los pueblos primitivos, especialmente en los de economía más elemental, los recolectores. Y, finalmente, no hay memoria histórica de que un sólo Estado antiguo se haya constituido mediante un contrato social que estableciera todos los derechos y deberes, ni podría haber sucedido así porque tal contrato supondría la previa existencia de la norma de que los pactos deben ser respetados; y, ¿quién habría acordado dicho precepto básico si no había sociedad previa? Esta ya no es sólo una contradicción con los datos, sino una inconsistencia interna de la ideología.

La tesis individualista y contractual pretende explicar que cada ciudadano dispone de un voto igual y que el ordenamiento jurídico no puede tener otro origen que la voluntad de los cuidamos expresada por el voto. Así, el Estado se presenta como un trasunto de una sociedad mercantil donde cada miembro posee una sola acción y aprueba los estatutos. El ciudadano estaría aislado y conectado, de vez en cuando, a la soberanía por algo parecido a una urna. No es una situación ventajosa, sino de gran indefensión. Ninguno de los supuestos en que se funda tal estructura especulativa coincide con la realidad. El simplista esquema del contrato social es, en todos sus elementos, una construcción ficticia.