Monseñor José Guerra Campos
Separata del “Boletín oficial del Obispado de Cuenca”
Núm. 5, mayo 1986

don-simon-1980-225x300Los Obispos de entonces resumieron así la situación: se trata a la Iglesia, no como a persona jurídica respetada, sino como a un peligro (8).

Al llegar la guerra, la Iglesia recobró su libertad en la zona nacional. En la llamada zona roja se procedió desde el primer momento a su destrucción. La Iglesia deja de existir como institución pública reconocida. Lo que subsiste de su actividad es clandestino, especialmente en las grandes urbes, que facilitan el ocultamiento. Los grupos revolucionarios -socialistas, comunistas, anarquistas-, continuando lo que inició en 1934 la revolución organizada por el partido socialista, en Asturias, realizaron en forma premeditada una destrucción sistemática: con exhibición e impunidad y en gran medida como instrumentos del Estado o detentadores de su poder. Si la intensidad fue mayor en el año 1936, los efectos, con nuevas amenazas y no pocas víctimas, continuaron hasta el fin. Se interrumpió todo culto público, toda predicación, toda publicación, toda institución y asociación religiosa. Se inutilizaron para su destino todos los edificios (iglesias, conventos, seminarios, etc.), se profanaron, se convirtieron en almacenes, mercados, cuarteles… Se quemaron o destrozaron muchas iglesias y la mayor parte de los retablos, imágenes, altares. Se requisó o dispersó el ajuar litúrgico, con pérdidas de decenas de millares de obras del patrimonio artístico. Se saquearon o incendiaron numerosos archivos y se expoliaron bibliotecas (9).

Los sacerdotes y religiosos fueron acosados con voluntad de exterminio. Entre los religiosos, principalmente, los varones; pero algunas de las víctimas más tempranas fueron religiosas de clausura, como las Carmelitas de Guadalajara, declaradas Mártires por la Santa Sede. Bastaba ser sacerdote para ser asesinado, casi siempre sin apariencia de juicio y en muchísimos casos con crueldad horrenda (10). Un jefe revolucionario afirmó en agosto de 1936: «El problema de la Iglesia… nosotros lo hemos resuelto yendo a la raí z. Hemos suprimido sus sacerdotes, las iglesias y el culto» (11). « La Iglesia ha sido completamente aniquilada » (12). Se salvaron de morir únicamente los que lograron esconderse o los que, como presos, se beneficiaron de la moderación de algunos funcionarios.

Pasada la tormenta, y ajustados los recuentos de víctimas, se comprobó que habían sido sacrificados trece obispos (no se salvó ninguno de los que permanecieron en la zona, excepto un ciego hospitalizado) (13), y unos siete mil sacerdotes y religiosos, lo que equivale, como promedio, a un tercio del total del Clero en la zona republicana, alcanzando en algunas diócesis casi la mitad (14). Al Clero hay que añadir decenas de miles de seglares, asesinados sólo por su condición de católicos piadosos o miembros de asociaciones apostólicas, sin contar los ejecutados por razones más directamente políticas (15).

Notas

  1. «Se la considera no como persona moral y jurídica reconocida y respetada debidamente dentro de la legalidad constituida, sino como un peligro cuya compresión y desarraigo se intenta con normas y urgencias de orden público» (Declaración de 1933, citada en nota 7). La Declaración denuncia, razonadamente, todas las formas de laicismo agresivo, y la Ley de Confesiones y Congregaciones, como opresora de la Iglesia Católica: restricción de su libertad de asistencia religiosa y de culto; intromisión intolerable en la vida de las Congregaciones y en la Beneficencia; lesión del derecho de enseñanza, con tiranía a favor del ateísmo social; despojo de los bienes de la Iglesia; desconocimiento del Sumo Pontífice como cabeza de la Iglesia en España…
  2. Sobre las destrucciones y la persecución en general:

Carta colectiva de 1937 (citada en nota 1).

La Conferencia de Metropolitanos del 10-13 de noviembre de 1937 acordó que se hiciese relación detallada de los daños, según cuestionario de la Santa Sede; y que se reuniesen datos para publicaciones históricas sobre las matanzas (cf. «Hispania Sacra» 34). En efecto, en los aos 40 y 50 muchas diócesis e instituciones religiosas publicaron informes documentados. Los utilizó y sistematizó la obra de conjunto Montero, Persecución, 1961, que aprovecha unas 150 monografías, 52 informes diocesanos y 84 mformes de Institutos Religiosos. Para la bibliografía posterior, véanse las obras de V. Palacio Atard, Ricardo de la Cierva; el Diccionario de Historia Eclesiástica de España (del Instituto Enrique Flórez, C.S.I.C.); la documentación recogida por la Asociación « Hispania Martyr»…

El Papa Pío XI, Encíclica Divini Redemptoris, 19 de marzo de 1937, afirma que el comunismo, «cuando le fue posible, destruyó todas las iglesias, todos los conventos y hasta toda huella de religión cristiana».

Cf. Ministerio de Justicia, La dominación roja en España, Causa general instruida por el Ministerio Fiscal. Madrid, 1940 (1ª edición).            ·

  1. Ver las fuentes citadas en nota 9.

Pío XI, Divini Redemptoris: el comunismo ha matado «obispos y millares de sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de modo especial a aquéllos y aquéllas que, precisamente, trabajaban con mayor celo con pobres y obreros».

Carta colectiva de 1937: «De los sacerdotes decía un jefe comunista, ante la actitud del pueblo que quería salvar a su párroco: tenemos orden de quitar toda su semilla».

Salador de Madariaga, en su obra España-Ensayo de historia contemporánea (6ª edición, 1955, págs. 609 y sigs.) da una expresiva apreciación sintética, en la que afirma: «Durante meses y aun años bastaba el mero hecho de ser sacerdote para merecer pena de muerte.» (cf. Montero, Persecución, páginas 54-55).

  1. Montero, Persecución, pág. 55.
  2. Informe del delegado español en el Congreso de los «Sin Dios» en Moscú, aducido por la Carta colectiva de 1937.
  3. El Obispo de Menorca, ciego, cargado de años, fue asilado en un hospital, donde murió el año 1939. Montero, Persecución, además de la relación sobre los trece Prelados mártires, da una breve información (págs. 83-85) sobre el paradero de los demás Obisp0s: los de la zona gubernamental que, al comenzar la guerra, se encontraban en zona nacional (Toledo, Madrid, Valencia…); los de ciudades que fueron pronto liberadas (Badajoz; el de Santander estuvo cautivo, dio su firma a la Carta Colectiva antes de la toma de la ciudad); los que se evadieron (Tarragona, Tortosa, Gerona, Málaga, Murcia…).

Prelados asesinados: los Obispos de Sigüenza, Lérida, Cuenca, Barbastro, Segorbe, Jaén, Auxiliar de Tarragona, Ciudad Real, Almería, Guadix, Barcelona, el presbítero Administrador Apostólico de Orihuela, el Obispo de Teruel. Los doce primeros, en 1936; el último, en 1939. Relatos minuciosos en Montero, Persecución, págs. 364-430.

  1. Más de cuatro mil sacerdotes diocesanos. Unos 2.648 religiosos. Total: más de 6.832. Listas nominales en: Guía 1954, Y en Montero, Persecución (donde se registran otras relaciones).
  2. Pío XI, Divini Redemptoris: «Un número mucho mayor de toda clase y condición… asesinados por el mero hecho de ser buenos cristianos o tan sólo contrari9s al ateísmo comunista.»

Por ejemplo, en la diócesis de Cuenca, 148 sacerdotes y religiosos asesinados se inscribieron en un número total de víctimas que alcanza unas 1.600 personas (cf. Sebastián Cirac Estopañán, Martirologio de Cuenca, vol. II, Barcelona, 1947).