Franco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

2. Juicio de la Iglesia sobre el Orden Político

2-a) Poder personal constituyente de un Estado de derecho. Su representatividad y la adhesión del pueblo

El poder personal de Franco no era lo que se entiende formalmente por «dictadura», situación excepcional dentro de un régimen constituido, como lo que autorizó el Rey en 1923. Correspondía a una situación original, tras el derrumbamiento del Estado. Nadie en la Iglesia discutía en principio su legitimidad. Pues era el hecho que había logrado contener la disolución social y salir con esperanza de la gran crisis bélica. Los partidos políticos no habían sabido evitar –y en buena parte, por su favor a la violencia revolucionaria, habían causado- la gran descomposición social que desembocó en la guerra y que tras ésta tenía que ser curada. Habían caído -como en otras formas vuelve a ocurrir ahora- en la «partitocracia» y en el «totalitarismo» de que habla la «Centesimus annus».

Franco, asistido por las fuerzas que le apoyaban, tuvo siempre voluntad constituyente de un Estado de derecho, que se fue configurando desde el comienzo. La subordinación jurídica a una doctrina moral definida por instancias superiores comprometía al Poder y era garantía frente a arbitrariedades. Los que ahora dicen que ellos han devuelto su soberanía al pueblo ocultan la representatividad popular de Franco, pero utilizándola como cimiento jurídico de su propia obra. Silencian, por ejemplo, un hecho descomunal: en 1931 la Asamblea Constituyente, constituida en «Tribunal soberano de la Nación», condenó al que había sido Rey de España, Alfonso XIII, declarándolo «culpable de alta traición», «fuera de la ley», «privado de paz jurídica», «degradado de todas sus dignidades, derechos y títulos… sin que pueda reivindicarlos jamás ni para él ni para sus sucesores»; y el Estado se incautaba de todos los bienes de su propiedad en el territorio nacional. No ha habido después ningún acto «democrático» equivalente que revocase tal sentencia. Lo hizo Franco, y lo confirmó implícitamente con un plebiscito. La convalidación tácita de 1978, a la que se sumaron pragmáticamente los republicanos, no se habría dado sin esa previa decisión. Por otra parte, el actual Rey, cuando en 1969 fue designado Sucesor a título de Rey, proclamó ante las Cortes españolas: «Recibo de S.E. el Jefe del Estado y Generalísimo Franco la legitimidad política surgida del 18 de julio de 1936 en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes pero necesarios para que nuestra Patria encauzase de nuevo su destino».