Franco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

2-b) Juicio de la Iglesia sobre el ordenamiento político que se iba constituyendo.

Sin prejuzgar lo opinable, y vista la voluntad operante de salvaguardar principios irrenunciables, la Iglesia aceptó sin dificultad el tipo de organización política que se iba configurando. Comprendía que, en circunstancias tan complejas, el ritmo de la institucionalización debía acompasarse con la creación de condiciones económicas, sociales y pacificadoras. Era lógico que, tras la crisis y ruina dramática de los partidos políticos, el Poder Constituyente intentase fórmulas de participación popular no «partidistas», que era el deseo de muchedumbres de ambos bandos y de amplios sectores de Europa.

Un sistema de participación orgánica era, y sigue siendo, conciliable con la doctrina de la Iglesia. En realidad era entonces el preferido, y la propuesta de los documentos sociales de la Iglesia (Pío XI, «Quadragesimo anno»; Pío XII), como igualmente postulado por notables teóricos tanto liberales como socialistas, desde Salvador de Madariaga a Julián Besteiro. Decidir cuál sea el sistema más adecuado a las circunstancias corresponde a la autonomía civil. Así lo declararon el cardenal Pla y (todavía en 1955) el obispo Tarancón.

Por razón de principios la Iglesia no podía imponer otras formas de democracia; imposición que vuelve a excluir en 1991 la encíclica «Centesimus annus». Por razón de funcionamiento, se podía confiar más o menos que se llegara a conseguir en grado satisfactorio; pero tampoco había motivos para esperarlo de otras formas de democracia. De hecho, después de quince años de democracia antiorgánica, innumerables observadores y actores califican la situación actual de «falseamiento de la democracia».

2-c) Exhortaciones para el perfeccionamiento del sistema .y su autentificación práctica

Desde 1945 el Cardenal Pla, como portavoz de los Obispos, y el Papa Pío XII, no dejaron de aconsejar, con sobriedad más con toda nitidez, que se prosiguiese en la estructuración del Estado según los ideales cristianos y que se promoviese la autentificación del sistema por la vía de la participación. En el momento culminante de la institucionalización del Régimen, 1956, una gestión de los Cardenales de España contribuyó mucho a que Franco retirase un proyecto que a muchos parecía limitativo de la participación plural. Pero no postulaban otro sistema, y menos una partitocracia como la que luego se ha establecido. Estimaban necesario, de acuerdo con el «espíritu del Movimiento Nacional», excluir tanto el liberalismo de una democracia inorgánica como la dictadura de un partido único; y promover en cambio «una actuación y verdadera representación orgánica».

En todo caso, las orientaciones de la Iglesia tenían que respetar la competencia autónoma del orden político: así lo hacían notar los Obispos a quienes en los años sesenta pretendían de ellos que tomasen posiciones indebidas.