José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata del “Boletín Oficial del Obispado de Cuenca”
septiembre de 1974

VII

Es indudable que las diferencias de apreciación en torno a nuestro tema no provienen solamente de discrepancias políticas, lo cual tendría poca importancia para el punto de vista que aquí se adopta; surgen de una grave mutación ideológica en algunos sectores de la Iglesia, que altera los mismos criterios del juicio. Por eso, para que se puedan justipreciar sus consideraciones finales, al autor le es indispensable insinuar que no desconoce ese trasfondo ideológico.

Apuntando, pues, el estado de mi información, diré que he tenido valiosas oportunidades de conocer criterios y actitudes del Episcopado mundial, especialmente de Europa, en lo tocante al estatuto público de la Iglesia. Conozco bien desde su entraña -es mi deber- la doctrina del Concilio Vaticano II y los dictámenes de los Sínodos de Obispos. Soy desde su creación miembro informado de la Conferencia Episcopal Española. Recuerdo lo que sobre el tema de Franco me dijo el representante de Su Santidad el Papa Pablo VI, promediado el Concilio, en relación con el oficio episcopal para el que me designaba (sin ninguna intervención del poder civil). También alcanzo un poco, sólo poco, de los enunciados políticos de algunos países y de sus variopintos procedimientos reales, y de las distintas prácticas en las relaciones entre la Iglesia y el Estado: unas muy conocidas, otras conocibles más preservadas de comentarios, otras operantes en la sombra honrada. Tengo no escasas noticias de lo qué escriben algunos ideólogos, y propalan algunas agrupaciones, sobre temas tan sobados como: el proceso de secularizado; la sociedad pluralista; la libertad religiosa, según el Concilio y según el liberalismo; la dialéctica sociedad-Estado; el pacifismo y la revolución liberadora; la versión política de la esperanza, la teoría del desorden establecido y la revolución permanente; las comunidades ,eclesiales como conciencia crítica de la sociedad; los nuevos modos de inserción de la Iglesia en la cultura y la sociedad modernas; la dualidad Iglesia-mundo, la inclusión de la Iglesia como servidora en el mundo, las revelaciones no religiosas de Dios en el mundo; el repliegue de la Iglesia al Éxodo durante un período histórico, que lleve más tarde al mundo a una nueva Ciudad Santa; las interpretaciones del Constantinismo y de la «Secular desviación» de la Iglesia; la raíz moral y evangélica de la oposición atea a la Iglesia; la malignidad esencial del poder y la consiguiente santidad del puro ideal socialista; etc., etc.

Pues bien: si en medio de este vocerío, aun comprendiendo todo lo comprensible, nos atenemos, como es obligado, a la voz del Magisterio de la Iglesia, no veo nada que permita modificar sustancialmente lo que la Iglesia ha deseado o ha alabado en la obra de Franco con relación con los valores fundamentales que más arriba quedan señalados. De hecho, con las variantes que imponen sus propias situaciones contingentes y la diversa estructura de los sujetos de la responsabilidad civil, sigue postulándolos ahora mismo.

El punto de la cuestión no está en supuestos favoritismos o privilegios; ni .en interferencia alguna die poderes; ni en el sistema jurídico de relaciones, que es algo derivado y siempre subsidiario. Está en que los responsables de la sociedad civil reconozcan que deben someter las leyes y la acción de gobierno a normas supraconvencionales, es decir, a la Ley de Dios, tal como la propone la doctrina de la Iglesia, portavoz de Dios en la historia.

(Según los términos tan utilizados por el Jefe del Estado Español, se trata de ver al hombre en el tiempo como «portador de valores eternos», y de poner lo nacional y lo social bajo el imperio de lo espiritual: de lo espiritual entendido no como simple exudación subjetiva del pensar humano, sino como auténtico valor absoluto, según la revelación histórica del mismo Dios; se trata, ante todo para un cristiano, de aceptar en la política, como en todo, las consecuencias históricas de la Encarnación).