José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata del “Boletín Oficial del Obispado de Cuenca”
septiembre de 1974

Porque el hecho es que la Iglesia, al defender a los hombres no nacidos en su derecho primario a la vida, rema contra corriente de muchas opiniones y Leyes de los hombres. Las sociedades que rehúyen la ley de Dios niegan aquel derecho: a los niños no nacidos se les trata como algo impersonal y pre-social; se les supedita al arbitrio y a los intereses de los ciudadanos. Es una gloria inmensa de la Iglesia el que constantemente, a veces quedándose sola, sostiene el derecho de la persona humana desde el inicio de su proceso de formación, respeta la dignidad de la persona por sí misma, y no por condicionamientos extrínsecos o intereses de los demás (que esto es precisamente la negación de la dignidad de la persona). Es una vergüenza que hombres que pasan por ilustrados falten a ese respeto, y para colmo se presenten como campeones de la dignidad y la libertad humana, y pretendan desacreditar la posición de la Iglesia como «reaccionaria», y a los países que no implantan la libertad homicida traten de avergonzados como si se hubiesen quedado atrás en el camino del progreso. Está claro que cualquier opinión que lleve a tal resultado se descalifica ella sola, y ninguna palabrería puede ocultar que estamos o ante una enorme ceguera o bien ante una enorme insinceridad.

Resulta evidente la gran diferencia que hay entre respetar y no respetar valores absolutos; entre tomar en serio la Ley de Dios (salvaguardia del bien de los hombres) y contentarse con vagas menciones de los «Valores humanos»; pues se comprueba cómo solemnes apelaciones a la libertad y a la justicia envuelven, como en el caso del infanticidio, el desprecio de unos hombres por interés de otros, y por tanto son una expresión del egoísmo, aunque éste sea colectivo. No es menos evidente que los católicos, al intervenir en la creación de leyes civiles en este campo, han de aplicar la ley de la conciencia; y en el supuesto de que se imponga otra Ley, no la pueden justificar, ni por ser fruto de la autoridad ni por ser hija del pluralismo democrático: ante ella tendrán que decir «hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres».

Nadie podrá alegar que estamos insistiendo en un caso extremo y más bien raro. Nadie ignora que nos referimos a una situación de vigencia cotidiana, que produce más víctimas humanas que las guerras (incluso atómicas) y que los accidentes de tráfico y que tantos otros factores que acaparan apasionadamente la atención mundial. Pero, aunque muy revelador, no es indudablemente caso único. Hay otras exigencias de la Ley de Dios, que también deberían ser claras por razón natural y sin embargo sólo se quieren percibir en sus implicaciones egoístas, pero en su valor absoluto es la Iglesia quien las proclama.

Pues si extendemos lo dicho del ejemplo anterior a otras exigencias de la Ley de Dios; y añadimos que, si la ley debe respetar los valores más altos, no basta una serie de permisos o prohibiciones, sino que el poder público debe crear y mantener condiciones propicias y educadoras para que los ciudadanos libremente los reconozcan y cumplan, y así «la propia sociedad disfrute de los bien :es de la justicia y de la paz que proviene de la fidelidad de los hombres a Dios y a su santa voluntad» (Concilio Vaticano II, DH. 6), tenemos exactamente el planteamiento fundamental que la Iglesia ha de promover y que ha alabado en el caso de España. Porque la predicación moral de la Iglesia no toca sólo a las conciencias individuales, sino que por vía de conciencia alcanza también al sentido de las Leyes y de la actuación social, por eso desea que todos los hombres reconozcan este deber, tiene derecho a esperar que los católicos lo seguirán en la práctica, lamentará los casos en que así no suceda, y aprobará y alabará a quienes procuren cumplirlo.

Sin duda, esta inspiración superior deja libre un amplísimo espacio moral y jurídico para el ejercicio de la autonomía política y dentro de él para la legítima variedad de lo opinable y lo contingente. Pero no se pueden cerrar los ojos a la evidencia: la adhesión a determinados valores fundamentales tiene consecuencias ineludibles, que condicionan la estructura política die la sociedad, las leyes y el sentido de la educación, y una peculiar actitud de gobierno en relación con las fuerzas y las propagandas que socavan los valores aludidos. Según la doctrina inmutable de la Iglesia, ni el agnosticismo acerca de esos valores ni la negación de los mismos pueden aceptarse en los cimientos de la vida social; y los responsables de esta han de tutelarlos, cualesquiera que sean las opiniones particulares de este o aquel miembro de la sociedad. Paria In tutela de la dignidad y libertad de todos, incluidos los mismos disidentes.