Jaime Alonso

General Franco y Juan Carlos IComienza en la transición la necesidad y conveniencia de desmontar el régimen de Francisco Franco, tanto en su entramado filosófico político, como en el resultado de sus obras, materializado en un estado del bienestar y una nueva clase media, desconocida en la historia de España, hasta entonces. Había que establecer “un relato” acorde a los tiempos que manejaba el liberalismo europeo para España y el tipo de sociedad “domesticada” que se imponía. Para ello tanto en la enseñanza primaria y secundaria, como en las universidades y en todos los medios de comunicación de masas, series televisivas etc. debía imponerse el antifranquismo más radical y sin fisuras. No se puede ser y que te consideren demócrata, sino te declaras antifranquista, aunque en la izquierda hubiera “demócratas” tan ejemplares como Santiago Carrillo, la Pasionaria y toda la plana mayor del totalitarismo comunista. Pero los acomplejados del tardo franquismo, UCD y PP, estaban entregando la victoria real, moral y política que Franco y su generación habían obtenido de manera lícita y heroica, a los destructores de la II República, causantes del caos, ruina y violencia desatada en España para imponer el comunismo, como fácilmente puede colegirse viendo lo ocurrido en la guerra civil en el llamado “bando rojo”.

Las fases de este propósito destructor de la nación española, comenzado por su historia, se inicia con los gobiernos de José María Aznar, nieto nada menos que de D. Manuel Aznar y cuya admiración por Manuel Azaña la hace patente con el reconocimiento de la Brigadas Internacionales como defensoras de la libertad y la democracia, en sesión parlamentaria de 19 de Enero de 1996, y una condena expresa del franquismo, el 21 de Noviembre de 2002. Nada puede extrañar que con esos antecedentes deslegitimadores de los herederos de Franco, se culminara con la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, 52/2007, de 26 de Diciembre. Ley totalitaria, cainita, hemipléjica y de deslegitimación de la democracia surgida con la Constitución de 1978, por cuanto:

1.- La Ley de la Memoria Histórica, no es una ley de reparaciones, sino de ajuste de cuentas, ya que “persecución y violencia” la padecieron en el bando vencedor, mucho antes de la guerra civil.

  1. – No es admisible la limitación temporal que la Ley señala, circunscrita al 18 de Julio de 1936 y hasta 1975, pues persecución y violencia por sus ideas se padeció en España durante todo el siglo XIX y parte del XX, y muy especialmente en el periodo comprendido entre el 14 de Abril de 1931 y el 18 de Julio de 1936, con miles de asesinatos y un golpe de Estado.
  2. – Si como se indica en los artículos 1, 2 y 3, se quisiera establecer el ámbito de la ley, “con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”, lo fundamental sería que no desfiguraran el pasado, que no otorgaran impunidad a la mentira y que no se comprometieran a imponer y vivir contra la verdad.
  3. – Queda claro, a tenor de la Ley, que, cuando se considera, en los objetos y menciones, a la exaltación de la Guerra Civil, en estricto sentido (exaltar: elevar a alguien o algo a gran auge o dignidad), es igualmente predicable del bando perdedor de la Guerra, es decir, los monumentos y calles a Francisco Largo Caballero, Prieto, Azaña, Negrín, Carrillo, la Pasionaria y un largo etc. que no requiere de expertos historiadores, ni memorialistas.
  4. – La elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la Dictadura (Art. 15.3), en un periodo histórico de cuarenta y dos años (1936- 1978) lo impregna todo, siendo imposible su práctica. Pues serían típicos vestigios, el tren Talgo, la Organización Nacional de Ciegos, La Seguridad Social, Los Hospitales Públicos, las Magistraturas de Trabajo, el INI, El Instituto Nacional de Colonización o los embalses, amén de los vestigios clásicos, como la industrialización, la clase media o la Monarquía. Todo habría de disolverse como la ingente multitud de obras, servicios, instituciones, edificaciones, expresiones orales y escritas, bienes de toda clase. A saber, de las 1.278 leyes actualmente vigentes, 279 (29 por ciento) las firmó en su día Francisco Franco.

6.- La invocación al espíritu de reconciliación y concordia y de respeto al pluralismo y a la defensa pacifica de todas las ideas, en el marco de la Constitución, que señala el preámbulo de la Ley, invocación tan hermosa como falsa en su práctica, pues nadie puede reconciliarse condenando y suprimiendo a uno de los bandos en la contienda, el vencedor y el que hizo posible la actual y defectuosa democracia; perfectible, pero ajena al comunismo que se pretendió implantar en 1936.

7.- La segunda invocación, la que afirma que “no es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva”, tiene perfecto encaje en la Constitución actual, no así el espíritu y la praxis que se está imponiendo en España, con esa Ley, cínicamente auspiciada por unos y cobardemente asumida por otros.

8.- La tercera invocación de la Ley, no menos falsaria que las anteriores, señala que los ciudadanos tienen derecho a que los símbolos públicos sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio. Por ello no podemos considerar, sino como un sarcasmo ofensivo, cuando se invoca que “La presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles”. Más bien resulta todo lo contrario y en ello están todos los que participan en esta furia memorialista. Cuando en el preámbulo, y en el artículo 3, se reitera la invocación a las condenas y sanciones impuestas por motivos de creencias religiosas, y se reduce a declarar ilegítimos los tribunales y las condenas, sin más consecuencias, cuando la persecución religiosa en la Guerra Civil y sus antecedentes están considerados como “la más sangrienta sufrida por la Iglesia desde la proclamación del cristianismo como religión oficial de Europa, quince siglos antes”, vienen a reafirmar la perversidad falsaria de la Ley y su inicuo propósito enmascarador.

(AFÁN)