José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata del “Boletín Oficial del Obispado de Cuenca”
septiembre de 1974

Este núcleo elemental -y sin embargo tan embrollado en nuestros días- se verá mejor a contraluz y con un ejemplo.

Las innovaciones propuestas por algunos van en este sentido: en el orden civil la Iglesia, gozando de libertad para cumplir sus fines, se limitará a predicar sus normas morales; pero esta ley de conciencia no debe convertirse en ley jurídica; los ciudadanos que no aceptan aquellas normas o no quieren seguirlas permanezcan libres en su vida social. La lógica empuja a decir que ni siquiera una mayoría de ciudadanos debe imponer por ley sus propias convicciones de conciencia, porque así coaccionaría la conciencia de las minorías. Y como, de hecho en toda sociedad existe siempre alguna minoría discrepante, para respetar las convicciones o la autonomía de todos, las leyes deben ser siempre permisivas. Esto significa que la Iglesia, no sólo ha de padecer o tolerar que se permita legalmente lo que juzga un mal, sino que ella misma, sin dejar de proclamarlo ilícito en conciencia, debe declarar que es bueno y aun obligatorio que la ley lo permita y que, por tanto, sea lícito en el orden social. Esta permisividad tiene acaso su límite allí donde interviene el derecho de los demás.

Dicho así, nos quedaríamos en una ambigüedad sugestiva, porque en ello hay una parte de verdad. Es evidente según el criterio católico que en determinados aspectos de la vida moral no tiene por qué entrometerse la Ley civil. Pero algunos tienden a generalizar la tesis de la ley permisiva; tendencia que se inculca ya frecuentemente a los lectores de publicaciones españolas. Para salir de la ambigüedad, es mejor medir el alcance de esa tendencia en un ejemplo de autoridad.

Hace pocas semanas los anónimos responsables de numerosas «comunidades cristianas» de distintas Diócesis difundían una apelación a los «elementos más comprometidos» del Episcopado·-como únicos representantes de la Iglesia de España­ para conseguir, al margen de la Santa Sede, que los ciudadanos tengan libertad total en su «legítima opción» a beneficiarse entre otras cosas, con Leyes que permitan «el divorcio, el aborto y otras cuestiones que son admitidas por otras religiones, por la moral moderna y por los no creyentes».

Tomemos el caso del aborto, ya que en este momento y desde hace unos años la jerarquía católica de numerosos países se está manifestando en relación con la ley civil. Nótese que el estatuto de las relaciones Iglesia-Estado de esos países es muy variado, y en algunos divergente del que hay en España, hasta llegar a la más completa, e incluso pacífica, separación. Pues bien: los obispos de esos países no se reducen a predicar que el aborto es malo (un «crimen abominable»: Concilio Vaticano II; exigen que la misma ley civil no lo fomente, no lo facilite, no lo tolere. No aceptan que en esto la ley deba ser permisiva.

Sería consolador poder replicar que en este caso todo el mundo está de acuerdo, por ser un caso de tutela del derecho natural a la vida de los seres humanos. Pero por desgracia no es verdad que todo el mundo esté de acuerdo; y la consideración de este fenómeno hace palpar la decisiva significación humana que tiene el tomar en serio la Ley de Dios, y al mismo tiempo la decisiva influencia de la enseñanza de la Iglesia Católica para reconocer esa ley, aun en los casos en que parece que debería ser de evidencia universal.