FIDELIDAD A LOS PRINCIPIOS

El pueblo, como los hombres, no inventa su destino: lo sirve. Y nosotros estamos sirviendo el destino de la grandeza histórica de España y nos mantendremos en este propósito con mayor tenacidad de la que pueden oponer las fuerzas que tratan de obstaculizar nuestro camino. Y así, seguiremos fieles a los principios que constituyen el lema de nuestra política, es decir, manteniendo esa base de convivencia entre los españoles que se funda en la firme unión de lo nacional con lo social bajo el imperio de lo espiritual. Estamos contra la dialéctica de la lucha de clases, que enfrenta a los hombres en una actitud de permanente violencia, y proclamamos que sólo el sentido de solidaridad entre los españoles asegurará la continuación de la paz que busca nuestra política de desarrollo, nuestro auge económico y ese resurgimiento social que constituye un claro signo positivo de la salud de nuestro Régimen. Sigue leyendo →

ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Nuestro Estado social de derecho encuentra su garantía en una doble vertiente: de un lado, en la naturaleza permanente e inmutable de sus Principios, unida al carácter de superley de nuestras Leyes Fundamentales, que sólo con determinadas condiciones pueden ser modificadas; de otro lado, en la suprema garantía del cumplimiento de la Ley por una Justicia independiente. En el primer aspecto, el papel del Consejo Nacional es decisivo. En el segundo, la garantía del imperio de la Ley está fijada de modo terminante por el artículo 17 del Fuero de los Españoles, que establece el derecho a la seguridad jurídica. Todos los órganos del Estado Sigue leyendo →

LAS CORTES Y EL GOBIERNO: EMPRESA COMÚN

En nuestro Sistema político, a las Cortes le corresponden juicios y valoraciones sobre la acción del Gobierno en razón de la propia misión principal que les compete. Pero ni el Gobierno puede ser exonerado por las Cortes ni las Cortes pueden ser disueltas por el Gobierno. Las Cortes y el Gobierno colaboran en una empresa común al servicio de los intereses de la Patria. Las Cortes son el órgano encargado de concretar la voluntad legislativa del Estado, y es evidente que esta voluntad legislativa se ejerce primordialmente desde el entendimiento, y que, por lo tanto, ha de ser precedida de juicio y valoración. Pero en el sistema constitucional de nuestra historia parlamentaria del siglo xix, el término juicio político tenía una específica significación que en nuestro Sistema también es clara. Si por juicio político se quisiera entender aquel acto en virtud del cual se determina la separación del cargo, es evidente que este juicio político, en lo que se refiere a los altos organismos del Estado, es exclusiva competencia del Jefe del Estado, asistido por el Consejo del Reino, y en algún caso por el Presidente del Gobierno, como claramente se deduce, por ejemplo, de la consideración de los artículos 15, 18 y 50 de la Ley Orgánica del Estado; es por ello por lo que atribuye al Jefe del Estado la suprema potestad de garantizar y asegurar el regular funcionamiento de los altos órganos del Estado y la debida coordinación entre los mismos. Es en el razonable equilibrio de nuestras instituciones donde nuestro Estado, dotado de la autoridad necesaria y suficiente, está, al mismo tiempo, sometido a las Leyes.

Los señores procuradores, a través de sus interpelaciones, ruegos y preguntas al Gobierno, pueden y deben conocer la acción del mismo. En el ejercicio de su función pueden y deben expresar con plena libertad y sentido de la responsabilidad sus opiniones sobre los proyectos de Ley que se debatan. Las Cortes pueden devolver al Gobierno un proyecto de Ley, pueden suscitar una cuestión legislativa regulada en el artículo 12 de su Ley fundacional y pueden promover recurso de contrafuero a una disposición del Gobierno. Pero todo esto nada tiene que ver con los torpes juegos del parlamentarismo, con sus tácticas obstruccionistas, sus oposiciones sistemáticas y sus disciplinas de partido. Todos los Procuradores en Cortes representan al Pueblo español, deben servir a la Nación y al bien común y no estar ligados por mandato imperativo alguno.

DEMOCRACIA FORMAL Y DEMOCRACIA PRÁCTICA

Frente a la democracia formal, nosotros oponemos la democracia práctica, una democracia a través de los cauces naturales en que el hombre discurre y que por eso recibe el nombre de democracia orgánica. La Constitución política española, integrada por nuestras Leyes Fundamentales, se ha apartado en todo momento de la creación abstracta de normas y se caracteriza por la ausencia de unos marcos rígidos como los que con tan poco éxito ilusionaron a los constitucionalistas del siglo xix, sino que ha nacido de la propia realidad española, como respuesta concreta a nuestras peculiaridades y a nuestros problemas, que nos ha permitido un proceso de constante perfeccionamiento de nuestras estructuras políticas, Sigue leyendo →

NO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Se equivocan los que creen que nuestro proceso de institucionalización política podría, más tarde o más temprano, conducir a una fragmentación de la unidad social en múltiples partidos políticos. Si en algunos pueblos funciona con eficacia el contraste de pareceres por esas vías, es porque éste se ha forjado y disciplinado en una norma unitaria que todos aceptan. Pero el ejemplo de los otros no nos sirve, cuando nuestra historia es en este terreno suficientemente elocuente. También nosotros creemos que la fecundidad de nuestras asambleas puede asegurar con la mayor precisión y relevancia los distintos pareceres, intereses y puntos de vista en una sociedad viva. Sigue leyendo →