Monseñor José Guerra Campos
Separata del «Boletín oficial del Obispado de Cuenca»
Núm. 5, mayo 1986
El criterio de los Obispos, entre 1965 y 1975, se manifiesta en torno a tres puntos: confesionalidad, relaciones Iglesia-Estado, sistema político.
Después del Concilio, el Episcopado enseña que «la libertad no se opone ni a la confesionalidad del Estado ni a la unidad religiosa de una nación» (6). Coincidía con el Papa Pablo VI, que también después del Concilio —como antes Juan XXIII— había dicho a España: «La unidad católica es un bien que el Estado debe cuidar» (7). Los proyectos de revisión del Sigue leyendo
Hemos de lamentar de nuevo que la tiranía del espacio obligue a comprimir en un esquema una exposición que la abundancia de documentos y la experiencia privilegiada del autor permitirían desarrollar (1).
Libertad civil en lo religioso. —Para la Iglesia, la unidad religiosa era el «máximo bien del pueblo español» (23). El estatuto de tolerancia de cultos no católicos, reconocida en el Fuero de los Españoles, importaba limitaciones en la propaganda y la manifestación pública (24). La Iglesia era más restrictiva que el Gobierno. Desde los años cincuenta, Franco aspiraba a un reconocimiento progresivo de mayor libertad en la práctica religiosa, entre otras razones porque la presión de los Estados Unidos de América, atizada por las quejas protestantes, perjudicaba gravemente la
Sin embargo, la Jerarquía española no se desentiende de su posible influjo espiritual en el campo político. Con sobriedad, los Obispos y el Papa aconsejan proseguir en la estructuración del Estado según los ideales cristianos y promueven la autentificación del sistema por la vía de la participación (11). En el momento culminante de la institucionalización del Régimen, 1956, lo decisivo para lograr que Franco retirase un proyecto, que a muchos parecía limitativo de la participación plural, fue una gestión de los Cardenales. Estimaban necesario, de acuerdo con el «espíritu del Movimiento Nacional», excluir tanto el liberalismo de una democracia inorgánica como la dictadura de un partido único, y promover en cambio «una actuación y verdadera representación orgánica» (12). No postulaban la