Juan Manuel de Prada

Nos advertía Gómez Dávila que “el sufragio universal no pretende que los intereses de la mayoría triunfen, sino que la mayoría lo crea”. Pero esta ilusión puede terminar produciendo distorsiones cognitivas trágicas, como comprobamos con el problema catalán. En un artículo anterior señalábamos la descomunal aporía subyacente en nuestro ordenamiento jurídico, que ampara la difusión de ideas separatistas y patrocina la formación de partidos políticos que representen tales ideas; pero que, a la vez, arbitra aritméticas legales que impiden (o dificultan hasta extremos insuperables) que tales ideas puedan hacerse realidad. Se trata de una doble perversión filosófica y moral: por un lado, se amparan ideas separatistas que corroen y destruyen la comunidad política (que es tanto como abrir a la zorra la puerta del gallinero); por otro lado, se pretende que tales ideas separatistas no puedan consumarse (que es tanto como pedirle a la zorra, después de meterla en el gallinero, que se vuelva vegetariana), contrariando el más natural de los anhelos humanos, que es encarnar sus ideas en instituciones.

He aquí el meollo (radiactivo) del problema catalán, que es también un tabú del que nadie habla. Esta descomunal aporía provoca una feroz distorsión cognitiva en los catalanes partidarios del independentismo, que pueden expresar libremente sus ideas, captar prosélitos y alcanzar mayorías parlamentarias, pero descubren consternados que nada de esto les sirve para alcanzar su anhelo. Tal distorsión cognitiva ocasiona todo tipo de trastornos en la percepción de la realidad estudiados por la psiquiatría (inferencias arbitrarias, abstracciones selectivas, etcétera); pero es inevitable que así sea, pues primeramente se hace creer que la idea separatista es plenamente defendible y goza de los mismos cauces de expresión democrática que cualquier otra. Al negarse a calificar como delictiva una idea que atenta contra la comunidad política, nuestro ordenamiento jurídico empuja a esta distorsión cognitiva a sus adeptos; y cuando tales adeptos advierten que se les impide realizarla, que no pueden plasmarla en instituciones, a riesgo de ser conducidos ante un juez e incluso enchironados, sucumben al estupor… o la cólera.

El sufragio universal nos ha acostumbrado a dar por cierta la ilusión de que nuestros intereses pueden triunfar, con tan sólo disponer de mayorías. Y, en efecto, comprobamos que las mayorías parlamentarias han consagrado las ocurrencias más irrazonables o aberrantes. Si una mayoría parlamentaria puede permitir abortar a mansalva, o reducir a fosfatina la dignidad del trabajo, ¿por qué no va a permitir que España se divida, si tal idea “plenamente democrática” la defiende una mayoría? Pero hete aquí que esta idea plenamente democrática se tropieza inopinadamente con una antigualla como la unidad de España (menos antigua, sin embargo, que la sacralidad de la vida o la remuneración justa del trabajo); e, inevitablemente, tal antigualla se convierte en un odioso obstáculo, pues impide el libre desenvolvimiento de una idea “plenamente democrática”.

El problema catalán sólo podrá afrontarse cuando nos atrevamos a afrontar este tabú: o se cierra la puerta del gallinero o se permite a la zorra comer las gallinas. Pretender que las zorras se vuelvan vegetarianas es una distorsión cognitiva sin esperanza de escapatoria que nos adentrará en un lóbrego bucle de reivindicaciones separatistas nunca satisfechas, con su aderezo de elecciones inútiles. Con razón afirmaba Léon Bloy que el sufragio universal podía conducir “a la chochez social, a una parálisis general después de la cual sólo cabe esperar la más innoble de las muertes”.

(ABC, 4 de noviembre de 2017)