padre canoPadre Manuel Martínez Cano, mCR

Es bien sabido que la democracia moderna parte del principio fundamental de la “soberanía del pueblo”, de J.J. Rousseau. Las democratistas dicen que sólo la voluntad general del pueblo es la fuente del poder político. El pueblo no es soberano, ni hay una voluntad general. Las voluntades son particulares. El origen y fundamento de la autoridad política de los gobernantes es Dios. Es cierto que el pueblo y, sobre todo, el pueblo organizado puede designar o elegir sus gobernantes, pero, el poder político, de los gobernantes, debe de estar de acuerdo con la Ley de Dios, norma suprema que ningún régimen político puede infringir. En 1944, decía Pío XII: “Según las enseñanzas de la Iglesia, no está prohibido el preferir para el Estado una forma de gobierno popular, salvo siempre la doctrina católica acerca del origen y ejercicio del poder público” (Benignitas et humananitas, 10).

Hay una soberanía legítima. La soberanía histórica y tradicional. Histórica porque es anterior a la edad contemporánea; tradicional porque se ha mantenido y progresado en continuo perfeccionamiento, asumiendo los principios de la Ley Natural y la Revelación Divina. Pío XII afirma: “Una democracia fundada sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas, será resueltamente contraria a aquella corrupción que atribuye a la legislación del Estado un poder sin freno ni límites, y que hace también del régimen democrático, un puro y simple sistema de absolutismo” (BH 28). Las democracias modernas son absolutistas y tiránicas. Son revoluciones contra Dios.

El Concilio Vaticano II nos ha dicho que: “Hay que  prestar gran atención a la educación cívica y política, que hoy es particularmente necesaria para el pueblo y sobre todo para la juventud, a fin de que todos los ciudadanos puedan cumplir su misión en la ciudad” (Gaudium et Spes 15). ¿Se ha prestado esa gran atención a la educación política de los católicos? ¿En qué diócesis se imparten cursillos de política católica?

El católico tiene la obligación de trabajar para conseguir el bien común de su patria, llevando a la vida política los principios de la doctrina social y política de la Iglesia. El beato Pablo VI, dijo; “Diversos modelos de sociedad democrática han sido propuestos. Algunos de ellos han sido experimentados. Ninguno satisface por completo. Y la búsqueda queda abierta entre las tendencias religiosas y las pragmáticas. El cristiano tiene la obligación de participar en esa búsqueda” (Octogessima Adveniens. 24). Nuestra propuesta siempre ha sido la desaparición de los partidos políticos y la participación natural del pueblo en la política: familia, municipio, región, corporaciones, gremios, etc.

El mismo Santo Padre nos advierte que; “·El cristiano que quiere vivir su fe en una acción política, concebida como servicio, no puede adherirse sin contradecirse a si mismo, a sistemas ideológicos que se oponen radicalmente o en puntos esenciales a su fe y a su concepción del hombre” (Pablo VI: Octogessima Adveniens, 26).

La Revolución Francesa arrasó los principios cristianos políticos que perduraban de la Cristiandad. Los políticos católicos deben arrasar los principios liberales anticatólicos actuales, para instaurar en el mundo el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo.