Guerra-CamposFranco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

  1. Legado de principios y criterios. Valores atendidos en el régimen de Franco que la Iglesia postula en cualquier régimen

Ciertos valores que Franco sirvió a su modo, la Iglesia sigue postulándolos en todo sistema político como indispensables para su legitimidad moral, cualesquiera que sean sus modalidades diferentes. Dentro de la fidelidad a la Iglesia no cabría -ni entonces ni ahora- sugerir que «haya sido un error aquello por lo que a Franco se le ha bendecido». A la luz del Magisterio nada permite modificar sustancialmente lo que la Iglesia deseó o alabó en la obra de Franco respecto a los valores fundamentales que la inspiraban.

Porque «el punto de la cuestión no está en supuestos favoritismos o privilegios; ni en interferencia alguna de poderes; ni en el sistema jurídico de relaciones, el cual es algo derivado y siempre subsidiario. Está en que los responsables de la sociedad civil reconozcan que deben someter las leyes y la acción de gobierno a normas supraconvencionales, es decir, a la Ley de Dios, tal como la propone la doctrina de la Iglesia, portavoz de Dios en la historia». Según los términos tan utilizados por Franco: ver al hombre como «portador de valores eternos», y poner lo «nacional y lo social bajo el imperio de lo espiritual».

Lo que el Magisterio de la Iglesia enseña actualmente como un deber de los gobernantes y de los ciudadanos, en cuanto corresponsables de la vida pública, está claro en el Concilio (documentos sobre la Iglesia y el mundo actual, sobre la comunidad política, la libertad religiosa, la educación de la juventud, el apostolado seglar, los medios de comunicación…) y en el Magisterio Pontificio hasta 1992 (documentos y catequesis sobre el respeto a la vida naciente, sobre el matrimonio y la familia, el desarrollo y la justa ordenación social, los requisitos morales de la democracia…). El deber moral, que la Iglesia recuerda y que urge especialmente a los ciudadanos católicos, comprende las tres funciones siguientes:

  1. a) Conformar la acción política con el orden o ley moral objetiva, al menos no legislando ni gobernando nunca contra ella.
  2. b) Tutelar jurídicamente, incluso contra desviaciones de supuestas mayorías, ciertos valores inviolables, que implican derechos humanos fundamentales en cuyo servicio encuentra su legitimidad toda soberanía humana: el derecho a la vida en todas sus fases, los derechos de la familia como comunidad básica, la justicia en las relaciones laborales, todos los derechos inherentes a la vocación trascendente del hombre… (Juan Pablo 11, 1988).
  3. c) Aun allí donde el Poder se abstiene de intervenir jurídicamente (donde es permisivo o practica la tolerancia), ejercer solicitud positiva y favorecer los bienes morales supra-políticos, sin excluir los religiosos: reconociéndolos, no atacándolos, no dificultándolos por desinterés o por absorción totalitaria, facilitándolos con condiciones propicias, es decir, con los gestos, las ayudas de libre disposición y el tono mismo de las leyes. No basta «dejar hacer». El mismo Poder tiene obligaciones positivas. Todos los responsables de la educación han de satisfacer el «derecho sagrado» de los niños y los jóvenes «a que se les estimule a apreciar… los valores morales…y también a que se les incite a conocer y amar a Dios» (Concilio).

Esto condiciona toda sociedad democrática, basada en el «libre consenso de los ciudadanos». No es democracia verdadera y moralmente legítima si puede atentar contra los citados «valores absolutos que no dependen del orden jurídico o del consenso popular». Lo cual es una desautorización moral de aquellos sistemas democráticos en que se puede atentar legalmente contra tales valores, por quedar a merced de mayorías partidistas o de consensos cambiantes. Una sociedad pluralista no puede ser justa si cae en un Permisivismo que sea contradictorio. No es posible tolerar la actuación de la fracción de ciudadanos que promueva la matanza de inocentes en el seno materno y la corrupción o el vaciamiento ideal de los jóvenes, ¡por lo mismo que aun los máximos defensores de la convivencia pluralista no toleran la actuación de quienes promueven sus ideas con la violencia terrorista! «Moral» o «Ética» son vaguedades si no tienen una significación racional y definida de aplicación universal; si se usan por igual para postular el respeto a la vida humana y para quitársela a unos inocentes por intereses particulares. Es suicida que una sociedad carezca de autoridad moral en sus protestas contra el terrorismo; como ha avisado Juan Pablo II, socava sus propios cimientos.

La subordinación del sistema político al orden moral ha de garantizarse en forma jurídica (G.S. 74; Libertad Religiosa 7), como corresponde a un Estado de Derecho. El sistema sólo es moral si el Poder Moderador tiene facultades para no verse obligado a sancionar gravísimas transgresiones de valores absolutamente inviolables, o bien si actúa dentro de una Constitución que garantice eficazmente esos valores.

Para evitar tanto la posible arbitrariedad como la posición insostenible de un gobernante que tuviese que tutelar la ley moral en pugna habitual con opiniones subjetivas amorales, y más si fueren supuestamente mayoritarias, el realismo político exige que la citada garantía constitucional se apoye en un «consenso» moral de los ciudadanos. Para esto se necesita cuidar la salud moral de los mismos. Lo cual requiere que los gobernantes y los ciudadanos corresponsables de la vida pública (y de modo eminente los católicos), partiendo de la conciencia moral existente en un pueblo, reconozcan como constitutivo de su misión el fomentarla, mediante la solicitud positiva antes mencionada: fuera de cualquier «neutralismo» irreal o pretensión de limitarse a registrar lo que se lleva; y orientando hacia el bien la fuerza educadora inherente al ejercicio del poder. Entonces sobre un estado de conciencia social reavivada se podrá sostener un orden constitucional democrático que asegure jurídicamente el mínimo moral inviolable.