guerra_camposFranco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

La confesionalidad católica, con proyección de justicia social, es principio expreso o supuesto de las siete Leyes Fundamentales del Régimen de Franco.

El artículo 1º del Concordato de 1851, que proclamaba el Estado Católico, fue incorporado por deseo de la Santa Sede al Convenio provisional de 1941, Y luego al Concordato de 1953 con este texto: «La religión católica sigue siendo la única de la nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Canónico».

Los Principios del Movimiento Nacional, promulgados en 1958, condensaban los que venían inspirando la legislación desde el comienzo. El II decía: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». -VII: …La forma política del Estado es… la Monarquía tradicional, católica, social y representativa».

En cuanto a la libertad civil en lo religioso, la gestación de la norma legal fue esta. En conformidad con la Santa Sede, el artículo 6º del Fuero de los Españoles, de 1945, reconocía a los no católicos el derecho a no ser molestados en sus creencias religiosas ni en el ejercicio privado de su culto; les imponía limitaciones en la propaganda y en las manifestaciones públicas del culto. En la aplicación de este Estatuto de tolerancia la Iglesia -para la cual la unidad religiosa era el «máximo bien del pueblo español»-era más restrictiva que el Gobierno. Desde los años 50 Franco aspiraba a un reconocimiento progresivo de mayor libertad en la práctica religiosa: entre otras razones, la presión de Estados Unidos, atizada por las quejas protestantes, implicaba graves perjuicios a la vida económica de España. Tal aspiración era frenada por la opinión católica; algunos prelados reaccionaron contra ciertas concesiones; la jerarquía española en general estimaba que no se debía rebasar la «tolerancia» del Fuero. La Santa Sede se mostraba comprensiva hacia la interpretación abierta de la tolerancia, que propugnaba el Gobierno, pero con la condición de que no atentase a la unidad religiosa. El Gobierno preparó antes del Concilio Vaticano II un proyecto de mayor libertad, y negoció el Placet de la Santa Sede; pero no obtuvo respuesta hasta después del Concilio. Como éste proponía el reconocimiento explicito del derecho de libertad religiosa, España mediante el

referendum para la Ley Orgánica del Estado en 1966 ajustó a sus directrices las leyes fundamentales, subsistiendo la confesionalidad. Y el artículo 6º del Fuero, con aprobación de la Santa Sede, quedó redactado así: «La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden público». Se promulgó, además, una Ley de Libertad Religiosa.

Una muestra del sentido de libertad religiosa fue la ayuda que Franco prestó a los musulmanes de Marruecos para cumplir su deber de conciencia de peregrinar a La Meca.