guerra campos3Franco y la Iglesia Católica
José Guerra Campos
Obispo de Cuenca
Separata de la obra “El legado de Franco”

  1. La legislación concreta

“Franco da leyes católicas” (Juan XXIII). Ya en 1937 el Episcopado informó al mundo que veía el comienzo de una recuperación nacional en una “legislación en que predomina el sentido cristiano en la cultura, en la moral, en la justicia social y en el honor y culto que se debe a Dios”.

Pío XII en abril de 1939, al terminar la guerra, mostraba como garantía de su firme esperanza la protección legal dispensada por el Gobierno de Franco “a los supremos intereses religiosos y sociales, conforme a las enseñanzas de la Sede Apostólica“. Y el mismo Papa, en 1943, ponderando el resurgir religioso de España ante el Embajador de la nación, proclama oficialmente: “Hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir la Iglesia de las ruinas abrasadas y penetrar el espíritu cristiano en las Leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones de la vida oficial. Nos, finalmente, hemos contemplado a Dios presente otra vez en vuestra historia“.

En los años siguientes los Nuncios de Su Santidad, Cicognani y Antoniutti, reiterarán reconocimientos semejantes. En 1963 el Nuncio (primero de Juan XXIII y luego de Pablo VI) Monseñor Riberi, en acto litúrgico en Tarragona: “Pese a las injustas maquinaciones e insidiosas campañas promovidas por los que alardean de negar a Dios contra esta católica nación, el Caudillo de España la mantiene con su palabra, con sus sabias disposiciones y con su personal y edificante ejemplo, siempre fiel a la doctrina que aquí han venido a traer y predicar los Apóstoles Santiago y San Pablo”.

Las disposiciones legales comenzaron por la derogación de las leyes de la República lesivas para la Iglesia y la vida religiosa (véase capítulo III, 1). Desde el inicio de la guerra quedaron anuladas de hecho. La derogación formal fue haciéndose entre 1936 y 1939. El retraso en algunas se debió, entre otras circunstancias, a que, no obstante la urgencia sentida en el Ministerio de Justicia, se estimaba necesaria una base jurídica concordada, y ya sabemos que las negociaciones con la Santa Sede se prolongaron hasta el Convenio de 1941, por la discusión entre dos tesis, la de vigencia del Concordato anterior y la de su sustitución por uno nuevo. En algún punto no sólo se restituyó la condición anterior, sino que se mejoró. Por ejemplo, la Compañía de Jesús en el tiempo posterior a Carlos III vivía en tolerancia de hecho; y se le otorgó reconocimiento solemne de pleno derecho.

Disposiciones favorables a la Misión de la Iglesia. El Concordato de 1953 recogerá todo lo que la Iglesia podía desear según el Derecho Canónico. Ya se incluía en los Acuerdos de 1941 y siguientes. Y antes, desde 1936 (incluido el mandato de la Junta de defensa, julio-septiembre), y durante la negociación diplomática, se emitieron disposiciones favorables por concesión unilateral, “sin cotizarlas en apoyo de la tesis sobre la vigencia del Concordato”. En la primera hora, siete Ordenes sobre Instrucción pública, incluyendo la formación religiosa y moral en las Escuelas Primarias, las de Segunda Enseñanza y las Escuelas Normales; y prescribiendo que toda la enseñanza respondiera a los principios cristianos. Luego, facultades de orden académico a los centros privados, depuración religiosa de las bibliotecas populares; el Crucifijo en las escuelas y los tribunales; suspensión del divorcio; exención del impuesto territorial para los bienes de la Iglesia; reconocimiento de ésta como sociedad perfecta (en el preámbulo del Decreto que restablecía la Compañía de Jesús). Al terminar la guerra, restauración del culto, habilitación y reconstrucción de templos en las regiones devastadas…

Las leyes Fundamentales asumirán el principio de que la “comunidad nacional se funda en el hombre como portador de valores eternos” (expresión de cuño falangista, equivalente a lo que el Concilio llamará en 1965 “carácter trascendente de la persona humana”, G.S. 74), y se funda también “en la familia, como base de la vida social”. “El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva”. “El matrimonio será uno e indisoluble”… (Principios del Mov. Nacional, V; Fuero de los Españoles, 22).

Leyes de justicia y promoción social, que la Iglesia aprecia como congruentes con su Misión. La primera Ley Fundamental, dada en plena guerra, es el Fuero del Trabajo, texto de valor permanente como expresión de la Doctrina de la Iglesia. El Principio IX del Movimiento Nacional dirá: “El ideal cristiano de la justicia social, reflejado en el Fuero del Trabajo, inspirará la política y las leyes“. Y Franco declarará a un periódico norteamericano: “La más importante ayuda que la Iglesia Católica ha prestado a los españoles en estos últimos tiempos es la de haberles ofrecido una doctrina social… El Movimiento político español ha tomado sus enseñanzas como base de sus programas para la mejora del pueblo”.

El Fuero de los Españoles y el del Trabajo contienen toda la riqueza del pensamiento católico sobre el trabajo y su valor humano, sobre la economía subordinada a los valores humanos y sociales, sobre la propiedad y su función social, sobre las formas de propiedad inembargables por su intima ligazón con la dignidad de la persona y de la familia, etc. En realizaciones concretas, que han logrado la evidente transformación económica y social del país, remitimos al lector a las disposiciones que se estudian en otro lugar de esta obra: Redención de penas por el trabajo, según idea del P. Pérez del Pulgar S.I.; Seguridad Social (Seguros de enfermedad, subsidios familiares, etc.); Salario familiar y de los días festivos; Seguridad del empleo y defensa del pleno empleo; red de centros sanitarios y asistenciales; Viviendas asequibles; Participación en las empresas; Escolarización completa; fondos de igualdad de oportunidades en la Enseñanza; Planes de desarrollo, etc., etc.